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La Ley de la CPM tiene un proceso que se inició con el gobierno de Paniagua, con la promoción de una gran consulta nacional que tenía su correlato en el Acuerdo Nacional; y fue en el gobierno de Toledo que se presentó un proyecto de ley en donde se establecen los cinco niveles de la nueva Carrera Pública Magisterial.
No lo es. Nosotros recogimos esa propuesta, la afinamos y la promovimos. Nosotros no estamos en contra de que se eleve el piso salarial de los maestros, pero eso se puede hacer modificando un decreto supremo. Lo que no se puede hacer es aprobar una ley al caballazo.
Son 55 mil, y no lo digo yo, lo dijo la ministra, en marzo… La ministra señaló que “la CPM tiene 55 mil docentes, que no llega al 17% del conjunto de maestros que están en ejercicio”, pero no dijo la verdad completa. Para implementar la CPM se necesitaban S/.2,500 millones; por eso se dijo que se iba a implementar en diez años, a un promedio de 250 millones anuales. Entonces, al 2011 la meta no eran 250 mil maestros, sino 80 mil; y si hemos incorporamos a 55 mil, no es 17%, es casi el 70%.
En el proyecto de ley se dice que para el ingreso a la carrera magisterial se constituye un comité regional integrado por representantes del gobierno regional… y de la organización gremial del magisterio. O sea, el Sutep va a ser juez y parte. Ellos han pugnado por impedir que se aplique la Ley de la CPM, y una reforma que ha madurado durante años no se puede echar a la basura justo cuando hay una disputa por el control del sindicato.
Si los cambios van a mejorar la calidad educativa, por supuesto que sí; nosotros no estamos en una posición irreductible. Pero es poco serio que durante tres gobiernos se haya procesado una ley y que, sin ningún diagnóstico serio, se pretenda reemplazar justo en un escenario en donde esto termina fortaleciendo al Sutep de Patria Roja. En la práctica, se le devuelve el control de la educación al Sutep.
Lo que pasa es que, en la práctica, la aplicación de la CPM se ha paralizado. Este año no ha habido ningún proceso de evaluación, y según el proyecto de ley, esto se va a dar recién en el 2015. Y si usted suma eso con el boicot a la Ley de la CPM –que no se inicia en 2011, cuando entra la ministra Salas, sino en octubre de 2010, cuando los candidatos Humala y Toledo plantearon que iban a aumentar el sueldo de los maestros automáticamente–, significa que durante cuatro o cinco años ya se detuvo la Ley de la CPM.
No, porque los dirigentes que fueron recibidos han dicho públicamente que ellos se adhieren al ‘pensamiento Gonzalo’, y yo creo que ellos no son apologistas del terrorismo. Son miembros de una organización terrorista, pero son el aparato ideológico. Entonces, que el asesor principal de la ministra los reciba para exhortarlos (a que hagan un deslinde con el Movadef) me parece muy ingenuo y una salida poco seria para un doble discurso.
Orden, respeto. Las organizaciones sindicales tienen derecho a movilizarse, a protestar; a lo que no tienen derecho es a formar parte en la toma de decisiones de quienes han sido elegidos para gobernar el país… ¿Por qué ahora el Sutep de Patria Roja para? Porque la ministra se encuentra secuestrada por el Sutep de Patria Roja, reconociendo solamente al Sutep de Patria Roja para impedir que el Conare (avance). Entonces, para salir de este problema, te entrego la calidad de la educación y nos echamos abajo a la CPM.
Ese es otro tema que me causa mucha sorpresa: escuchar a muchos demócratas que cuestionan que, en el Parlamento, las minorías hagan uso legítimo de una herramienta que la Constitución les franquea. Nosotros no hemos hablado de censura, sino de interpelación, que es que la ministra responda una serie de preguntas.
Que lean el pliego interrogatorio. La interpelación no se refiere solamente al anuncio de decapitar la Ley de la CPM, sino al año de gestión de la ministra Salas. El nuevo proyecto solo ha sido el detonante.
García Belaunde y Merino, porque entiendo que Diez Canseco ha hecho un deslinde.
Es que el reglamento hay que cambiarlo, la organización de las bancadas tiene que ser en función de intereses comunes y de principios, no de intereses administrativos que, por tener una comisión, me junto con Dios o con el diablo. Eso hace que una bancada sea débil en sus opiniones, pero ese es otro tema.
Es oficialista, con excepción de García Belaunde, quien tiene principios y criterios propios. Esa bancada es oficialista.
En primer lugar, a esta nueva bancada (AP-FA) no le corresponde. La tradición y el derecho siempre han sido que la bancada de oposición numéricamente más importante es la que preside la Comisión de Fiscalización.
Por eso digo. Quiero dejar en claro que Martín Belaunde ha hecho un trabajo muy serio y muy bueno en la Comisión de Fiscalización, pero (el que se lo hayan entregado a Solidaridad) ha sido antirreglamentario. Yo creo que esa comisión le corresponde a Fuerza 2011.
Es porque se ha sentado un mal precedente, y no es por culpa de Martín Belaunde; el oficialismo tiene mayoría en esa comisión, eso nunca se ha visto. En la ‘megacomisión’ también tienen mayoría; el señor Yonhy Lescano es un oficialista. Cómo (AP-FA) van a querer presidir la Comisión de Fiscalización, me parece una broma, ¿no?
Me parece muy bien porque el estado de emergencia tiende a proteger los servicios públicos y el derecho de los ciudadanos que no participan en las movilizaciones violentas, pero lo que sí me parece gravísimo es partir de un diagnóstico equivocado y que la Oficina de Prevención de Conflictos sea ahora una Oficina de Diálogo. El problema del Perú no es la falta de diálogo, lo que pasa en el país es que falta orden… Porque se levantó la emergencia en diciembre es que dejaron que Santos siguiera llevando el discurso antiminero y rearmando a las comunidades. Ahora, si la otra parte no quiere dialogar, ¿por qué le vas a levantar la emergencia?
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