Mediante Resolución Ministerial N° 295 del 14 de octubre, el Ministerio de Educación convocó a un concurso de nombramiento de docentes para el I nivel de la Carrera Pública Magisterial.
Este concurso se hacía luego que una convocatoria previa, para el Programa de Incorporación de Docentes a otros niveles magisteriales, solo había logrado el interés de 11,200 profesores para un total de 20 mil plazas concursadas.
Esta vez, la meta inicial fueron 26,500 plazas para docentes de educación básica regular. En el camino el número de plazas ofertadas para el I nivel magisterial aumentó a 29 mil 500. La expectativa por cubrir una de las plazas vacantes fue enorme es reflejo de dos situaciones: el exceso de graduados de la carrera docente sin empleo y la imposibilidad de crear más plazas docentes de las necesarias, pues el ritmo de crecimiento de la población en edad escolar disminuye y esa será la tendencia en los siguientes años.
El concurso atrajo casi 200 mil postulantes.
Cierto es que cuando se presentan tantos postulantes se requiere una logística y una capacidad de organización muy perfeccionadas. Lamentablemente en el camino hubo una serie continuada de dificultades y denuncias que empañaron el proceso. Se espera que estas denuncias sean ampliamente investigadas, de lo contrario se corre el riesgo de desacreditar la Carrera Pública Magisterial, cuyo respaldo por parte de la opinión pública es mayoritario. Para organizar la convocatoria de nombramiento de profesores la experiencia de procesos previos sirvió de poco. Veamos algunas situaciones detectadas:
Primero. La Resolución Ministerial que convocó al concurso salió un día antes de comenzar la inscripción, lo que hizo imposible que se produzca una difusión suficiente de sus alcances. Además, un sector de profesores no tuvo posibilidad de participar pues solo podía hacerlo quien trabaja en la educación básica regular, no así los profesores de educación básica alternativa, básica especial y técnico productiva que fueron excluidos del concurso.
Tampoco pudieron hacerlo los que teniendo título pedagógico ejercen cargos de coordinadores de programas no escolarizados. Si bien la Resolución Ministerial N° 295 que apareció en la página web del Ministerio de Educación señala que el período de inscripción culminaba el 24 de octubre, declaraciones oficiales previas indicaban que el plazo era hasta el 28 de octubre.
Muchos profesores confiados en ese anuncio no lograron inscribirse luego que el 23 el Ministerio recordaba que el plazo vencía al día siguiente. Fue la primera manifestación de malestar que llevó a un sector del magisterio a acusar al gobierno de favorecer la participación de profesores allegados al partido gobernante.
Segundo. El cronograma de ejecución del concurso era tan ajustado que fue fácil incumplirlo. El Ministerio se vio obligado a modificarlo cuando culminó la primara etapa del proceso. Pero antes de cerrarse la inscripción para la segunda etapa se modificó nuevamente el cronograma ampliando la inscripción hasta el 11 de diciembre.
Tres cambios del cronograma reflejan cierta improvisación en la planificación de las normas.
Tercero. Para nadie es un secreto que existe un sector del magisterio estatal opuesto a la implementación de la Carrera Pública Magisterial y que aprovechan cualquier oportunidad para atacarla o desprestigiarla. Se han empleado diversos mecanismos de desprestigio. Una fue inscribir en el concurso, sin su consentimiento, a profesores que querían postular.
Averiguaban sus nombres, ingresaban a los datos de la RENIEC, obtenían el número del DNI y los inscribían en lugar diferente al de su residencia. Esta situación la complicó el mecanismo de inscripción adoptado por el Ministerio de Educación.
La página web permitía el ingreso e inscripción una sola vez, sin posibilidad de modificar datos. Varias denuncias obligaron al Ministerio de Educación a poner en su página web un servicio de reclamos y apoyo a los profesores afectados para arreglar sus fichas. El número de afectados que pudo aprovechar este servicio fue pequeño, además que los plazos fueron muy cortos para hacerlo y para recibir las respuestas a tiempo.
Cuarto. La ficha de inscripción solicitaba información personal y profesional del postulante no siempre bien explicada. Por ejemplo, muchos profesores no sabían qué número de título profesional poner pues hay dos: el que determina la institución donde se formó el docente y el que asigna la Dirección Regional de Educación.
Al respecto nos preguntamos si no sería mejor que el Ministerio de Educación procure el uso de un solo número. ¿Qué sería de los peruanos si tuviesen dos números de DNI o de licencia de conducir?
Quinto. La Resolución Ministerial N° 205 hace referencia a que el postulante debe ser miembro del Colegio de Profesores. Hay quienes se inscribieron desde el 2005 hasta antes que el Tribunal Constitucional fallara a favor de una de las listas. Al llenar la ficha de inscripción, los postulantes no sabían si el carnet que tenían era válido o tendrían que actualizarlo.
Pasaron varias semanas para que el Ministerio de Educación aclare la situación a través del comunicado que modificó por segunda vez el cronograma.
Mientras ello sucedía, el Colegio de Profesores aprovechaba la situación haciendo cobros a los profesores que necesitaban de esa constancia. Semanas después del inicio del proceso, la Unidad de Personal del Ministerio de Educación emitía el Oficio Múltiple Nº 092-2009-MED/SG-OGA-UPER, que indica que los carnés que cuentan con la firma del Decano y del Colegio de Profesores, con un código de 10 dígitos y con sello de agua, son los validos ante las Instancias de Gestión, Comisiones y/o Comités de Evaluación en el presente proceso de evaluación. Por tanto, los emitidos anteriormente carecen de vigencia.
Los alcances del referido oficio fueron incompletos. Fue en otro comunicado y en el instructivo para el desarrollo de la segunda etapa que se dispuso exigir el carnet solo al momento previo a la expedición de la resolución de nombramiento. Han sido medidas que pudieron haberse adoptado con anticipación ya que se había hecho en anteriores convocatorias de concurso en la Carrera Pública Magisterial.
Sexto. Son varios reclamos en relación a una filtración del contenido de la prueba y a la forma como se aplicó en los centros de evaluación el 15 de noviembre. El Ministerio de Educación ha salido a desmentir señalando que provienen de personas opuestas a la Carrera Pública Magisterial. Es posible que se hayan producido algunos problemas en la distribución. De otro lado, hay fiscales que han declarado procedentes algunas denuncias.
Sobre ellas, sería deseable que el Ministro disponga verificar la veracidad de las denuncias. De ser algunas ciertas, lo que corresponde es iniciar los procesos administrativos y judiciales necesarios.
Séptimo. Los resultados de la prueba se publicaron aproximadamente a las tres de la tarde del 19 de noviembre. Tres horas después, se difundía un nuevo listado argumentándose la existencia de un error técnico. El INEI, que había sido la institución encargada del procesamiento, entregó los resultados al Ministerio de Educación quién cambio de formato a la información.
Lo hizo pasándolo a un sistema que solo permite al postulante enterarse de sus resultados pero no del resto. Este procedimiento, que no pasó los controles de calidad necesarios alteró las calificaciones de miles de profesores reduciéndoles en dos puntos su calificación. Como es de imaginar, los reclamos y sospechas sobre el manejo indebido del concurso no se dejaron esperar. Fue un nuevo factor de malestar que dejó muy mal parado al Ministerio de Educación. El Ministro de Educación despidió a un funcionario y solicitó a la Procuraduría iniciar proceso administrativo y judicial a quienes resulten responsables.
Asimismo anunció que en la página web del Ministerio habrá una línea para reclamos de profesores no conformes con su calificación. Por denuncias de varios de se sabe que el este servicio no ha funcionado con eficiencia pues muchos no han recibido respuesta alguna. La reacción inicial del Ministerio fue emitir un breve comunicado en el que aceptaba un error en aproximadamente cinco mil profesores.
La presión y el desencanto no solo de los postulantes afectados sino de un sector amplio del magisterio y de la opinión pública obligó al Ministerio de Educación a revisar y publicar un tercer listado en donde los profesores aptos pasaron de cerca de 40 mil a 72 mil, lo que da idea de la magnitud del error.
A un alto porcentaje de profesores que en la segunda lista disminuyeron su puntaje se les aumentó dos puntos. Hay profesores que no encontraban explicación sobre cómo luego que en la primera lista tenían una nota aprobatoria aparecen en el listado final como no aptos. Para ellos, una media acertada para aclarar los calificativos obtenidos por cada postulante ha sido publicar las fichas ópticas que muestran las respuestas y puntajes de cada postulante. Es la explicación más objetiva del desempeño de cada profesor.
Pero hacerlo recién el 30 de noviembre resultó tarde. La duda ya se había sembrado y los no conformes empezaron a presionar por la anulación del concurso.
Octavo. Se han ampliado los plazos de inscripción para la segunda etapa. Es una medida que contenta a algunos mientras otros piensan que los corruptos tendrán más tiempo para organizarse. Hay muchas denuncias sobre venta de títulos y certificados, de arreglos previos de directores con alguno de los postulantes.
Lo importante es dar la tranquilidad necesaria a los docentes que desean un proceso transparente.
Noveno. Por cierto, la credibilidad del proceso está fuertemente menguada y las presiones de los profesores que no aprobaron, del sindicato y de otros grupos opuestos a la Carrera Pública Magisterial han sido decisivas en la decisión adoptada por los Gobiernos Regionales de Cusco y Puno de suspender la realización de la segunda etapa del concurso.
Queda por conocer si ese ejemplo no será imitado por otros Gobiernos Regionales y cuál será la actitud del Ministro de Educación. Es de suponer que el Ministerio de Educación insistirá en continuar el proceso.
No obstante preocupa lo poco que la gestión educativa aprende de la experiencia de implementación de la Carrera Pública Magisterial. Nunca antes se había desarrollado un concurso con tal cantidad de dificultades, deficiencias y desorden. El Presidente de la República anunció que al término de su gobierno se habrá incorporado a la Carrera Pública Magisterial un 20% del universo de profesores -60 mil-.
Por su parte, el Ministro de Educación declaró que en diciembre habrá una nueva convocatoria para profesores de los niveles II al V.
Teniendo en cuenta los sucesos recientes ¿es aconsejable realizar nuevas convocatorias sin una profunda reflexión sobre los reajustes que requieren? Más bien el encargo podría asumirlo una comisión especial, de preferencia no integrada por funcionarios del Ministerio de Educación. Los procesos de evaluación parecen demasiado largos, con muchas evaluaciones que no siempre identifican y seleccionan el mejor postulante.
Hay profesores que no tienen un buen desempeño en el aula pero salen bien calificados. La prueba sobre conocimientos de la especialidad aplicada en el programa de incorporación resultó innecesaria, pues más del 95% la aprobó.
El instructivo para la segunda etapa del concurso de nombramiento es muy complejo para comisiones que no fueron capacitados para aplicarlo.
¿Conviene mantener una organización cuya responsabilidad por la Carrera está diluida en varias direcciones y no en un responsable general? ¿Con qué oportunidad deben emitirse las normas y qué contenido deben incluir?
Sacar normas a último momento conlleva improvisar y eso es lo que se hace constantemente. Los Viceministros y Secretarios están ocupados en varios temas y la mayor parte de Gobiernos Regionales están liderados por partidos o movimientos políticos no afines al gobierno. La impresión es que el Ministerio vive una realidad que no se da en la práctica. Falta un mayor diálogo entre las más altas autoridades del sector con los profesores. En síntesis, hay mucho que aprender: revisar las políticas de gestión de la Carrera, recuperar el liderazgo e imagen de los principales actores encargados de su ejecución. Son demasiadas las dudas que tienen los profesores que protestan por la prepotencia y abuso de ciertas autoridades regionales, locales y de centro educativo.
La concertación con instituciones como los gobiernos regionales, el Colegio de Profesores y otras del aparato público es imprescindible. Mientras los errores se atribuyan a otros y no a uno mismo no habrá mejora.
Políticas pedagógicasfuente:politicasdeeducacion.educared.pe
Redacción y analisis. Hugo Diaz
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